Por Nahuel Lag
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una sola política cultural sostenida para la Sala Alberdi (espacio de formación artística para niños y adolescentes desde 1986 y primer escenario de la Escuela Municipal de Arte Dramático [EMAD] y los conservatorios Manuel de Falla y Astor Piazolla) desde 2005, cuando comenzó a esbozarse la necesidad de su reubicación del sexto piso del Centro Cultural General San Martín (CCGSM), para la “reconversión” del edificio: “Incumplimiento de los derechos constitucionales de aprender y trabajar, y obstrucción al normal funcionamiento de las actividades artísticas”, describe Camilo, ex alumno del Alberdi, estudiante de arte.
Es que desde hace seis años (pasaron las gestiones de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y llegamos al segundo mandato de Mauricio Macri), profesores, ex alumnos, padres y artistas se autoconvocan para obtener una respuesta concreta sobre el futuro de la sala y el cumplimiento de una medida cautelar abierta en 2007, y al amparo confirmado en 2010 que implica el traslado “en 30 días” (van un año y cuatro meses) a un nuevo espacio con “los medios necesarios para desarrollar sus actividades”. Después de cinco años de pujas administrativas y medidas judiciales, en agosto de 2010 los autoconvocados dieron el último paso para reactivar un espacio que supo albergar a 700 alumnos, 35 profesores y 45 mil espectadores por año: “En caso de vaciamiento, tome una sala”. Una consigna que resume la inercia estatal trocada en centro cultural autogestionado, donde NaN se acomodó para escuchar a los protagonistas.
CRONOLOGÍA PARA UNA TOMA
“En los pisos sexto y séptimo se construirán dos estudios para el futuro canal de la ciudad.” Ese fragmento publicado en mayo de 2005 en las páginas de un diario nacional alarmó a profesores y padres que enseñaban y cuyos hijos aprendían en el sexto piso del CCGSM que funcionaba de manera autónoma a cargo de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGArt), de acuerdo a un decreto municipal. En julio de ese año llegaba la primera confirmación oficial sobre la “necesidad de reubicar la sala” y, un mes después, la publicación de las licitaciones para transformar el edificio en un espacio multimedial. Al año siguiente el Ministerio de Cultura envió la primera solicitud de desocupación, a pesar de que la Dirección de Administración de Bienes de la Ciudad sostenía su informe inicial: “No existe inmueble que pueda albergar la actividad”.
En 2007, todo seguiría igual, más allá de la declaración de la Legislatura porteña y el informe de la DGArt sobre “la importancia y la relevancia de la Sala Alberdi”. En marzo de ese año, la jueza porteña Fabiana Schafrik iniciaría el camino judicial para evitar el desalojo del espacio al aceptar la medida cautelar presentada por los autoconvocados. Telerman apeló y la justicia porteña confirmó. Luego, con la licitación ya preadjudicada a la firma Rivas S.A., el gobierno presentó cuatro posibles centros culturales de la ciudad donde trasladar las actividades.
Uno de ellos, el Centro Cultural Julián Centeya, también fue la primera respuesta dada por el ejecutivo macrista. Sin embargo, tras ocho meses del inicio de la gestión de Hernán Lombardi al frente del Ministerio de Cultura y tras tres años de incertidumbre en el espacio artístico, el Ministerio Público Tutelar tuvo que exigir respuestas sobre las cuestiones de seguridad de la sala, el estado de adjudicación de la licitación, un informe de factibilidad y seguridad del Centeya, y el carácter del traslado del Alberdi. La respuesta del gobierno fue que la sala sería mudada de forma “permanente” y para ello la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, a cargo de Miguel Ángel Cervini, presentó un plan de obras a realizarse durante 2009 en el centro cultural que recibiría las actividades y que, según el informe de Bomberos, presentaba deficiencias en las instalaciones. Nada de esto ocurrió. “Ni siquiera se ha efectuado el llamado a licitación”, especifica un informe realizado por los autoconvocados.
Para entonces, los 700 alumnos y los 45 mil espectadores que estudiaban y usualmente visitaban la Sala Alberdi ya no tenían acceso a las actividades gratuitas allí ofrecidas, principal escenario de la DGArt. Sin embargo, el gobierno porteño en su página oficial asegura que la dirección busca “garantizar espacios” con el objetivo de “lograr que la tarea académica que se desarrolla en cada uno de sus institutos desborde el marco de las aulas y llegue a toda la comunidad”.
“Fue un impulso de todos los autoconvocados. Fue como una última medida, después de realizar movilizaciones y presentaciones judiciales”, explica Soledad para referirse al 17 de agosto de 2010, cuando el hall y el teatro del sexto piso fueron tomados por un puñado de ex alumnos.
EN CASO DE VACIAMIENTO…
A cinco años del inicio del conflicto, la medida de fuerza fue pensada para dar el empujón final hacia una solución definitiva. “Hace más de un año hay un fallo a favor que dice que tienen que dar un espacio de similares características mientras este edificio es refaccionado y lo están incumpliendo”, insiste Soledad, mientras un plato caliente de guiso corre en la mesa de las oficinas tomadas de la sala. “Lo que solicitamos en las reuniones es que se cumpla con el fallo, más no podemos esperar. Después este espacio lo mantenemos y que perdure lo mayor posible”, suma Lisandro respecto de los fallidos encuentros que mantuvieron con el director del DGArt, Marcelo Birman.
“Cuando la toma se inició pensamos que era por una semana o algunos días, pero el conflicto no se resolvía y el espacio adonde llevar los talleres no aparecía”, recapitula. Entonces, la inacción de la gestión macrista –y de las anteriores– fue reemplazada por una asamblea abierta (todos los lunes a las 20) “para que quien quiera pueda participar y aportar lo suyo al espacio”, resalta Andrés, que se acopló luego de iniciar un ciclo de cine.
“Encontramos una forma de salir hacia fuera porque era difícil mostrar el conflicto a través de los medios, excepto los alternativos. Con la toma, la gente se entera de lo que pasa participando, recuperando la sala, poniéndola en funcionamiento”, apunta Soledad. En la actualidad, la sala tomada ofrece 15 talleres y ciclos todos los días. Según las cuentas de los autoconvocados, cerca de 20 mil personas pasaron por el teatro. Además, en las últimas vacaciones de invierno, volvieron a las agendas de los medios con espectáculos infantiles, como en sus mejores momentos.
Por las noches de fin de semana, los más grandecitos puede disfrutar del VEA (Varieté Escenario Abierto, de 19 a 21) y el VOTSA (Varieté Oficial de la Toma de la Sala Alberdi). El VEA (a la gorra: mitad para el fondo de lucha, mitad para los artistas) no sólo es la bandera de resistencia de la toma sino que también es síntoma y remedio de un problema que quedó manifiesto: “La falta de espacios para los grupos de teatro, que tienen que pagar si quieren actuar, y la escasez de lugares con entradas accesibles para el público joven”.
Al tiempo que la cuchara llega al fondo del guiso y el auditorio finaliza un taller de teatro, Camilo ensaya una conclusión: “Éste es un problema muy pequeño en relación a todos los que existen en la Ciudad, pero los funcionarios son inoperantes. Los estudiantes, los trabajadores, los que pasamos por esta sala y sabemos lo importante que es que para un niño tener una formación artística conjunta, de carácter público y gratuito en paralelo a la formación que se quiere implantar desde el sistema educativo, tenemos que acostumbrarnos a que nos podemos autoeducar, autodeterminarnos, autogobernarnos; a no delegar la responsabilidad de manejar estos procesos. Los funcionarios no serán quienes impulsen la solución a este conflicto”.
