Mientras la producción audiovisual se consuma cada vez más en la pantalla chica, los documentalistas pretender ir contra la corriente y ampliar el panorama. Por eso exigen más salas de difusión en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y las provincias, además de mejoras en las subvenciones para la realización y el lanzamiento de largometrajes a través de la modificación de la Resolución 632/INCAA que busca fomentar la exhibición masiva de rodajes.
Por Nicolás Sagaian
Fotografía gentileza de DOCA
Buenos Aires, mayo 4 (Agencia NAN-2011).- La escena es nítida y compleja a la vez: en el terreno de la producción audiovisual la boca de salida se torna progresivamente más amplia aunque las pantallas de presentación vienen cada ciclo más chicas. Paradojas contemporáneas del rodaje argentino, las pistas de largometraje digital continúan acumulándose a razón de 200 propuestas al año, sin amplia difusión ni publicidad, mientras sólo el 20 por ciento de ellas rompe la barrera de los circuitos de exposición subterráneos para saltar al ámbito de visualización “masiva” de la cinematografía nacional. Este panorama antes no era así y si el índice de realización aumentó fue gracias a la lucha de los creadores que forzaron la Resolución 632/07/INCAA que habilitó un nuevo régimen de adquisición de derechos de exhibición de documentales que permite la financiación y finalización de los trabajos para ser proyectados en televisión a través de señales públicas y abiertas. Más allá de eso “las deudas persisten”; las majors aún dominan a los espectadores, y “para continuar la lucha cultural”, directores, estudiantes, técnicos y productores proponen la “extensión de las conquistas” al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; le exigen, un aumento del 50 por ciento en el monto de los subsidios a la producción y posproducción (hoy con un techo de 140 mil pesos), la triplicación de los fondos adelantados hasta llegar a los 15 mil pesos para cubrir las necesidades básicas, y la implementación de una contribución inicial de 30 mil pesos al lanzamiento en salas y la vía pública. A simple vista parece un impulso más que ambicioso, pero en el panorama actual se trata de un reclamo sólido en busca de avances esenciales y estéticos.
El futuro de la producción documental y de ficción argentina depende en gran parte de “la construcción de vías de fomento”. En eso es coinciden tanto investigadores como realizadores, principalmente nucleados en DOCA y otras entidades cinematográficas, aprovechando el contexto de apertura que se evidencia sobre todo en la pantalla chica a través de la puesta en marcha de Incaa TV y el Sistema de Televisión Digital Terrestre. “Es una oportunidad de romper con la crisis de la difusión y de debatir el impulso de la nacionalización de la distribución de largometrajes y su exhibición en cines, que en 2010 presentó una nueva curva descendente de receptores en salas”, señala Julián Morcillo del Grupo de Cine Ojo Obrero. De acuerdo a los últimos datos oficiales, el descenso de la asistencia en las salas del año pasado a éste fue de 5,3 millones a 3,4; para colmo una de cada once entradas vendidas fue para una película argentina, por lo que de las 95 películas locales estrenadas en todo el país, 80 no lograron llevar más de 10 mil espectadores. Si esto pasa en la pantalla grande, es sencillo imaginar que la situación se agrava en los circuitos de producción independientes que se la resbuscan entre la falta de presupuesto y espacio para salir adelante. Sea en ficción o en documentales, los audiovisuales en soportes digitales buscan refugiarse en los espacios alternativos e itinerantes de exposición mediante un trabajo colectivo con la idea de incrementar la potencia de las salidas.
En ese sentido intenta caminar la Resolución 632 que aglutina a todos los documentalistas del país que tengan un proyecto en su fase previa de rodaje, es decir que hayan cerrado la etapa de desarrollo del proyecto. “No es necesario para participar, acreditar experiencia ante el INCAA ni estar registrado en ningún padrón del organismo. Mismo la legislación crea la figura de Realizador Integral; persona física (no jurídica), como responsable de su film con una modalidad más horizontal que la forma jerárquica del cine industrial”, explicó Pablo Espejo de Adoquín Video. De ahí que comience el trayecto de una reconversión estructural en el ámbito audiovisual que cierra con la creación de un Comité de Evaluación de Proyectos Documentales, que responde a un pedido histórico de las asociaciones de cineastas, documentalistas y realizadores. Ese ente está constituido por seis miembros representantes de las asociaciones y funcionarios del Estado. “Y hasta entonces, cabe aclarar que, la asignación de subsidios era manejada por grupos pequeños y con discrecionalidad. Por eso con esto se consigue un principio democratizador tanto de los fondos como de las tareas que ya no recaen en técnicos y trabajadores del Incaa”, comenta uno de los integrantes de la productora creada en 1988.
El llamamiento no es para nada inocente. Si bien desde la sanción de la Ley de Cine –en 1994– la producción audiovisual creció exponencialmente, ese desarrollo, sin embargo, fue acompañado por una concentración de espacios en manos de exhibidores ligados al mercado, lo que produjo una menor tribuna de receptores para los films de corte nacional. “El fondo creó a su vez una camarilla de productoras que fue creciendo, haciéndose de subsidios sin el mayor interés de que la obra se comunique con el público. Esto explica el aumento incesante de producciones que no tienen salida mercantil y el proceso que sigue su curso hasta precipitar en una situación de colapso”, denuncia Morcillo. Entonces propone una modificación de la normativa elaborada en tiempos del neoliberalismo en todo su esplendor eliminando el “finish en 35 milímetros”, prescindiendo de esta forma del monopolio de Cinecolor. Y aconseja un proceso de reconversión en las salas existentes a una proyección digital bajo estándares de calidad.
Desde sus inicios en los ’50 el cine documental se desarrolló con otra perspectiva, con una impronta siempre comprometida y participativa. A partir de las crisis económicas, sociales y políticas, como la que se produjo en 2001 en la Argentina, las cámaras se transformaron en focos que retrataron la realidad en la calle, las fábricas, las villas, organizaciones sociales y cooperativas. Fueron favorables las modificaciones tecnológicas que permitieron el abaratamiento de los costos y la multiplicación de herramientas para la mayoría, tanto que poco a poco se filtró una filmadora, una cámara de foto y varios lentes en distintos ámbitos de la vida. “Ésa es la base que nos permitió ser los productores que somos hoy y mantenemos la estirpe, por ejemplo, DOCA sostiene que el documental no debe ser contemplado bajo la lógica de mercado y por eso en las salas documentales las entradas son a precios populares: 5 pesos”, resalta Morcillo, que ocupa el cargo de prosecretario en Documentalistas Argentinos.
Esa categorización destaca al documental como una parte del patrimonio cultural e histórico del país. Por eso es importante señalar que mediante la Resolución 1669/2010, el INCAA empezó a otorgar la suma de 5 mil pesos a los largometrajes declarados de interés por el Comité de Apelación Documental. Del total se destinan 7 mil al sello editor encargado del multicopiado industrial, o al monto equivalente de mil unidades, y el resto cubre costos de autoría de diseño de portada, extras, subtitulado al español y traducciones. Incluso se deben presentar los comprobantes de pago de los derechos musicales de los que se hace cargo el ente. “Para muchas productoras independientes todo esto no es una fácil. Atados a cuestiones de mercado y volteretas burocráticas el documental nunca alcanza la total libertad de expresión que supone”, evalúa Natalia Vinelli de Barricada TV.
Como muchos productores independientes, ella afirma que la creación de instancias plurales y de interacción se generan con la disposición de espacios de circulación. Ése es otro de los puntos cruciales a tener en cuenta. En DOCA desde hace tiempo vienen exigiendo la explotación de la Sala Tita Merello y el Cine Gaumont para la necesidad urgente de los documentales surgidos en Capital Federal, así como la disposición de salas en La Plata, Córdoba, Salta, Rosario y Mendoza. Pero la movida no termina ahí. “El cine documental tienen que pasar por la mayor cantidad de barrios de nuestro territorio. Entonces, si es necesario que se creen políticas de difusión y un cronograma de programación con cines móviles a nivel nacional”, propone el integrante del Grupo Ojo Obrero antes de resaltar la necesidad de promover proyecciones en pueblos rurales, organizaciones comunitarias y clubes, al igual que festivales de alcance nacional. “La mirada, el cuerpo del cine documental, es el punto de partida para construir nuestra identidad y memoria. En ese lente no se debe perder el foco para debatir nuestro pasado, el presente y los caminos futuros”, puntualiza dejando en claro de intensión de traspasar nuevos horizontes.
