Por Ailín Bullentini
Fotografía gentileza de Sandra Cartasso
Buenos Aires, mayo 31 (Agencia NAN-2009).‑ A casi 26 años del día en que la última dictadura militar abandonó el sillón presidencial que ocupó por más de un lustro, suceden cosas que, de un cachetazo, demuestran que algunas prácticas de aquellos tiempos siguen vigentes: cerca de 60 miembros de Infantería y la Policía Federal irrumpieron “sin orden de allanamiento” en el Centro Cultural La Sala, de Caballito, “revolvieron y rompieron, golpearon” a sus integrantes y a varios los mantuvieron detenidos. Poco más de una semana después, y luego de solicitar públicamente la renuncia del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, las víctimas de los ataques querellarán por “torturas” a la Policía Federal: «No vamos a dejar esto en manos del Poder Judicial. Queremos acusarlos de frente, sin intermediarios», explicó María Muñoz, la abogada que los guía a la hora de llevar la denuncia a los pasillos legales, ante la decisión de desistir a realizar una denuncia y mantener el tema en sus manos.
“Si nos quedamos en la denuncia, las cosas son mucho más lentas siempre. Y además nos arriesgamos a tener menor participación en el proceso. Con la querella somos nosotros, son las propias víctimas las que exigen a la Justicia que se mueva”, explicó Muñoz. En términos judiciales, mientras que una denuncia es el acto de notificar a la Justicia de la existencia de un delito, la querella es la solicitud formal para que se investigue, se conozca y se sanciones a los responsables de la comisión de ese delito.
Pero, ¿cuál? El martes 19 de mayo por la tarde, mientras efectivos de Infantería y de la Federal intentaban desbaratar, a los palazos, a un grupo de jóvenes que manifestaban su repudio al desalojo del terreno de la agrupación Huerta Orgázmica –realizado el día anterior por la Unidad de Cuidado del Espacio Público porteña (UCEP)– manchando con bombas de pintura la fachada del CGP N° 6 de Caballito, otro grupo de uniformados llegaban al Centro Cultural La Sala — emparentado con el espacio desalojado– donde ingresaron, sin una orden judicial, para destruirlo y llevarse a varios de sus integrantes detenidos.
Son más de 40 testigos, entre las propias víctimas de la violencia policial, vecinos y personas que caminaban en ese momento por el lugar, los que fundamentarán la querella que los representantes del centro cultural presentarán ante la Justicia en contra de la Policía Federal por los destrozos que realizaron en la casa donde funciona el centro, los golpes y las amenazas que propiciaron a las personas que se encontraban allí adentro y el arresto de alguno de ellos y de personas que caminaban por la calle “que las detuvieron por tener pinta parecida a la nuestra”, comentó Julián Stoichkov, integrante de La Sala.
El operativo contó con cerca de 60 efectivos, entre uniformados y civiles, que llegaron en cuatro camiones de Infantería, cinco patrulleros y dos cuatriciclos. Los camiones cortaron el tránsito de Avellaneda, donde se ubica el centro cultural, entre Hidalgo y Onorio Pueyrredón, mientras que los efectivos que viajaban en ellos permanecieron en la calle, sirviendo de apoyo a los policías que se encargaron del trabajo más sucio.
En el Centro Cultural La Sala, que nació hace 10 años, funciona una biblioteca popular, talleres gratuitos de yoga, capoeira, portugués, plantas medicinales, compostura y confección de calzado y serigrafía; y al menos cuatro cooperativas –de venta de artículos de limpieza, imprenta, fotoduplicadora y serigrafía– con las que sobreviven unas 20 personas y sus familias: “No es una vivienda. A veces se quedan chicos a pasar la noche, pero no es la casa de nadie”, comentó Julián.
Instantáneas de la represión
“Sentimos las patadas en la puerta. Le dieron tan duro que la abrieron”, explicó Federico Keitelman a pocas horas de la irrupción policial en el centro. No despegaba la vista de la puerta rota, no pestañeaba. Recordaba que mientras algunos de los chicos y chicas recibieron con las manos en alto a los efectivos, otros huyeron hacia la terraza, por miedo. “Una de las chicas que subió está embarazada y no quería que le pegaran”, justificó, sin necesidad de hacerlo.
En simultáneo a los golpes a la puerta, otros policías “amedrentaron al vecino diciéndole que había delincuentes muy peligrosos en las cercanías. Subieron hasta su terraza y de ahí a la de La Sala”, apuntó Julián, que aseguró una y otra vez que la actitud de los integrantes del centro fue pasiva. “No les importó. Los obligaron a tirarse al suelo y ahí los patearon, incluso a la chica embarazada”. Martín, su compañero, terminó tres días internado por intentar defenderla: “Lo llevaron y en la comisaría empezó a orinar sangre. Lo llevaron al Durand. Tenía los riñones destrozados de las patadas que le dieron”, agregó Stoichkov.
Los golpes y los arrestos también sucedieron fuera del centro, en las calles aledañas. “Había un montón de cana. Los perseguían y los agarraban como si estuvieran cazándolos”, deslizó Ignacio Nardín, un adolescente que espectó todo desde el balcón del departamento donde vive, frente a La Sala. Julián utilizó la misma metáfora: “Fue una cacería. Se llevaron a 15 integrantes detenidos. A la mayoría los agarraron adentro, a otros en la calle, mientras intentaban escapar”.
Finalmente, la lista de detenidos ascendió a 21, entre los que figuraron un periodista de FM La Tribu, un joven de otro centro cultural porteño y que estaba filmando el operativo, un muchacho que volvía de jugar a la pelota con amigos y a una chica que intentaba asistir a uno de los integrantes de La Sala desmayado.
Sobre el asfalto quedó tirado varios minutos Héctor Mendizábal, inconsciente. La tarde anterior había participado de las actividades que se llevaron a cabo en repudio por el desalojo a la Huerta Orgázmika, un proyecto del que participaban algunos miembros de La Sala, en Rojas y Bacacay, a unas 15 cuadras del centro.
Héctor se desvaneció producto de la asfixia que le provocó el precinto de seguridad que los policías le colocaron en el cuello. “Como faltaban esposas a muchos chicos los maniataban con cables y precintos de plástico. A Héctor le pusieron uno en el cuello, con el que sostenían un palo que le atravesaron en la nuca, del que lo arrastraban. Lo ahogaron. En el hospital constataron las marcas que el precinto le dejó”, figuró Julián. Tras ser asistido en el Durand, fue trasladado a la comisaría 11° con los demás detenidos, por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”. Todos fueron liberados en el día.
Un modus operandi conocido
La violencia propiciada por las fuerzas de seguridad estatales esa tarde, y que conforman la querella por torturas, no se termina en los golpes, las detenciones y el ingreso de prepo y sin orden judicial al centro cultural. A todo aquello hay que sumarle los destrozos a la biblioteca popular que funciona en La Sala y el robo de dos cámaras fotográficas y una mochila. A la distancia, Julián analiza los hechos junto con el desalojo a la Huerta Orgázmica y a otros operativos similares que tuvieron lugar desde que Macri asumió como jefe de gobierno Porteño: “Las medidas que tomó y toma el gobierno de Macri son un mensaje claro e indudable a las personas, en su mayoría jóvenes, que participan en proyectos como la huerta o el centro. Que se realicen actividades gratuitas y que se mantengan proyectos de manera autogestionada es algo que no cabe dentro del sistema de cultura mercantilizada que propone la gestión PRO. El gobierno no ve razón de que algo exista si no da rédito”, opinó.
La querella, elaborada con la colaboración de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) llega luego de una movilización que los integrantes, junto con organizaciones de Derechos Humanos –Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, entre otras– y otros centros culturales porteños hicieron frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público el día después de los destrozos. Al cabo de la manifestación, realizaron una conferencia de prensa orientada principalmente a denunciar a la UCEP, fuerza que el Gobierno utiliza para aplicar los desalojos en el territorio y que actuó en el de la huerta, “y repudiar el accionar patotero de sus miembros”, remarcó Muñoz.
Además, obtuvieron el apoyo de algunos legisladores porteños como Liliana Parada (Igualdad Social), que se presentó en la comisaría 11º para exigir la liberación de los detenidos y exigió ante la Legislatura porteña la interpelación del subsecretario de Espacio Público porteño, Eduardo Villar, para que dé explicaciones por el accionar de la UCEP en el desalojo de la huerta. En un comunicado, denunció que “detuvieron a gente que se encontraba a diez cuadras de los hechos y sin orden judicial, rompieron la puerta de un lugar privado”.
«Nadie sabe contestar sobre las facultades que tiene la UCEP. Este tipo nunca aparece cuando se le pregunta por esa patota, cosa que está dentro de sus responsabilidades. Esto demuestra que se trata de una fuerza parapolicial que responde a gente más poderosa que este funcionario», disparó Muñoz.
Que a las fuerzas de seguridad estatales no les tiemble la mano a la hora de utilizar los mismos mecanismos que aplicaban las fuerzas militares en la última dictadura sólo se entiende evaluando los resultados: el miedo se apoderó de La Sala, se siente en el aire, vuelve pesado el ambiente. La abogada de los jóvenes aseguró que “el hostigamiento es permanente» y los chicos temen al desalojo del lugar más que a nada. No están jugando limpio en ninguna parte de la ciudad. Y tampoco se mueven con argumentos coherentes. No les interesa demasiado justificar lo que hacen. “Si desalojaron la huerta con excusa tonta del dengue, que además no es verdadera, ¿por qué se van a preocupar por encontrar una razón así de tonta para hacer lo mismo con La Sala?”, se preguntó Julián.
La semana pasada recibieron un llamado anónimo de alguien que los alertaba de un nuevo allanamiento. Frente a la duda, acamparon en el lugar. Muchos compañeros de otros espacios se acercaron a expresar su solidaridad. En tanto, se pusieron en campaña para que un escribano público se acerque al lugar y constate en actas el estado del centro y de los bienes que hay ahí adentro. «El miedo es a que la policía se meta de civil y haga cualquier cosa. Que planten armas, explosivos, que sigan lastimando a personas porque sí», recalcó Muñoz.
