Por Claudia Cesaroni*
Las noticias recurrentes sobre niños asesinados me retrotraen a unos años atrás. En 2009 trabajaba en una oficina pública del área nacional de Derechos Humanos en donde me sentía parte de lo que Pierre Bourdieu llama “la mano izquierda” del Estado: “(El) conjunto de agentes de los ministerios llamados dispendiosos, que son la huella, en el seno del Estado, de las luchas sociales del pasado”. Este sector, conformado por asistentes sociales, educadores, magistrados de base, profesores y maestros, se enfrenta a la mano derecha, en la que militan los banqueros, burócratas y gabinetes ministeriales: “Creo que la mano izquierda del Estado tiene la sensación de que la mano derecha ya no sabe o, peor aún, no quiere realmente saber lo que hace la mano izquierda. En cualquier caso, ya no quiere pagar su coste. Una de las principales razones de la desesperación de todas esas personas procede, en realidad, de que el Estado se ha retirado, o está a punto de hacerlo, de cierto número de sectores de la vida social que le correspondían y de los que se responsabilizaba: la vivienda social, la televisión y la radio públicas, la escuela pública, la sanidad pública, etc…” (1).
Esa sensación de que a una parte del Estado no solo no le importa sino que le molesta lo que intenta hacer la otra parte se siente fuerte en esos espacios en donde resuenan palabras como derechos humanos, lucha contra la impunidad, violencia institucional. Sobre todo cuando toca atender a madres de jóvenes asesinados por la Policía o dejados morir en cárceles y comisarías. Casi siempre las que van a pedir ayuda a las oficinas públicas son las madres: llorosas, graves, sintiéndose culpables. Una parte de su tiempo la usan para eso, para recorrer oficinas, cárceles y comisarías. El resto, para cuidar la casa y al resto de los hijos. Distribuyen los recursos: el salario escaso y los ingresos que llegan a través de las políticas sociales.
Mano izquierda y mano derecha se juntan para asegurar el control social de los sectores populares. Dice Loïc Wacquant: “Esta dinámica unión de las manos izquierda y derecha del Estado opera a través de una distribución familiar de los roles entre los sexos. La burocracia de la ayuda pública, ahora reconvertida en un trampolín administrativo hacia el empleo inseguro, asume la misión de inculcar el deber de luchar por el trabajo a las mujeres pobres (e indirectamente a sus hijos): el 90 por ciento de los beneficiarios de asistencia social en Estados Unidos son madres. El cuarteto formado por la policía, los tribunales, las cárceles y los custodios de quienes están en libertad condicional o bajo palabra asumen la tarea de domesticar a sus hermanos, novios o maridos, y a sus hijos: el 93 por ciento de los reclusos en Estados Unidos son hombres” (2). Los números por aquí son similares: el 91 por ciento de las personas privadas de libertad en el ámbito federal son varones, y las cifras se repiten en todas las jurisdicciones (3).
Como hacían las Madres de Plaza de Mayo en la dictadura, aprendiendo al andar, en 2009 otra madre buscaba ayuda en una oficina pública. En las oficinas de la dictadura, la respuesta era el silencio, las promesas falsas y en ocasiones el pedido de dinero para prolongar más la agonía vestida de esperanza. A veces se les decía que sus hijos habían muerto en enfrentamientos, porque se habían querido fugar o que estaban en Europa. O directamente no les respondían nada, porque, como señaló el dictador Jorge Rafael Videla en una célebre y brutal conferencia de prensa, “los desaparecidos no estaban ni vivos ni muertos, no eran, no tenían entidad” (4).
La madre que en 2009 llegaba a una oficina pública de la democracia se llama María Angélica Urquiza. Mostraba una libretita prolija a la que llamaba “la libretita de Jonathan” (5), donde anotaba nombres, teléfonos y direcciones, como los de la titular del Juzgado Nacional de Menores Nº 5 y sus empleadas, sobre todo el de una que le preguntaba, cuando ella pedía una solución para su hijo: “Pero señora, ¿usted no entiende lo que le digo? Usted tiene obra social, el Estado no puede gastar plata en su hijo”. Jonathan, de sobrenombre “Kiki” y de apellido Lezcano, era difícil como todo adolescente de 17 años, y más todavía porque consumía drogas en exceso —sobre todo paco—, había abandonado el colegio y necesitaba un amparo que su familia buscó una y otra vez.
María Angélica Urquiza había intentado encontrar ayuda en la justicia “de menores”, el espacio donde una parte de niños y adolescentes van a parar recurrentemente acusados de delitos que casi siempre comienzan con una “resistencia a la autoridad”. Resistirse a la autoridad es la versión policial de un acto básico de autodefensa: negarse a una detención, sobre todo cuando esa detención es sin motivo, por puro hostigamiento, para diversión de la tropa y como mecanismo para mejorar las estadísticas a los ojos de los jefes y de la población “sana”. He visto un acta de detención de un niño de 13 años cuyo motivo era “salir corriendo cuando vio que se acercaba el patrullero”, firmada por un policía de la Comisaría tercera de Avellaneda, ubicada en pleno Dock Sud. O, hace dos semanas, otra que fundamentaba la detención a una muchacha de parte de la policía de San Rafael, Mendoza, por “actitud sospechosa”. Si un adolescente al que se pretende detener (o “aprehender”, como dicen más eufemísticamente los mendocinos) intenta negarse, por razones de justicia —o sea, porque no hizo nada malo como para ser detenido— o por razones basadas en el natural temor de ser maltratado, pasará a tener una causa penal: “Atentado y resistencia a la autoridad”. Y si además de intentar que no lo lleven, lanza un insulto al aire, aprieta el brazo del “agente del orden” o apenas “pone manos en la autoridad”, la causa se agravará y tendrá más pena: de seis meses a dos años (6).
Aquel peregrinaje de la mamá de Jonathan es demasiado parecido al de tantas Mirtas, Elbas o Juanas: idas a la comisaría, de la comisaría al juzgado, del juzgado a los centros para adictos —de donde sus hijos les suplican que los saquen porque el tratamiento consiste en pastillas o vejaciones—, visitas a los institutos, después a las cárceles, a veces a los cementerios, siempre a las oficinas públicas.
En ocasiones, el rol de madres lo cumplen otras mujeres de la familia. Allí está Vanesa Orieta, buscando a su hermano Luciano Arruga. Pero no solo desde el 30 de enero de 2009, cuando desapareció, sino desde mucho antes, cuando los policías de Lomas del Mirador lo levantaban en la calle y lo detenían, lo retenían por horas, le pegaban un rato y luego, gracias a la insistencia de madre y hermana, lo entregaban: “El 22 de setiembre de 2008, Luciano es detenido. Cuando Vanessa lo va a buscar y mientras un policía de apellido Torales (teniente), está hablando con un fiscal cuyo nombre desconoce, preguntándole qué hacer con Luciano, que no tenía documentos, escucha que su hermano grita porque le están pegando. Ella también grita, y cree que sus gritos son escuchados por el fiscal, porque se encontraba muy cerca del teléfono. Aproximadamente a las 20 es entregado a su madre. Cuando se están por ir del destacamento, Luciano le señaló a su madre qué policía le había pegado. La madre intentó obtener el nombre de ese policía, pero éste no se dio vuelta ni se identificó. Los policías le decían: ‘Bueno, Negrito, callate porque te vamos a volver a meter.’ (7).» Tres meses después, y hasta el día de hoy, Luciano desaparece. No está.
El 7 de julio de 2009 Jonathan Ezequiel Lezcano estaba parado conversando en Lugano, su barrio, con su primo Sergio (19) y su amigo Ezequiel Blanco (25). Se acercaron dos policías. Uno le dijo: “Una vez sí, pero dos no, Kiki. Voy a ser tu sombra”. El otro le sacó una foto con su celular. Un día después, Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco se tomaron un remise, prometieron volver en una hora, y desaparecieron, como Luciano.
La mamá de Kiki llenó su libretita con los nombres y las direcciones que recorrió durante dos meses: juzgados, fiscalías, comisarías, organismos públicos. Imprimió fotos, hizo carteles, fue a Missing Children. La foto de “Kiki”, sonriente, apareció en programas de televisión y diarios. Mientras todo esto sucedía, Jonathan Ezequiel Lezcano y Ezequiel Blanco estaban muertos. Los había matado un policía federal el mismo 8 de julio en el que Jonathan se despidió de su mamá diciéndole “me voy a ver a mi chica”. El hecho fue caratulado como “robo de automotor”.
Las carátulas judiciales describen lo que la burocracia entiende como importante, o lo que cuenta que se está investigando. A veces, marca al sujeto equivocado: en un caso resonante en el que se juzgó un robo a la salida de un banco que tuvo como consecuencia la muerte de un bebé a punto de nacer, el “nombre” de la causa era el apellido de uno de los acusados que, después de pasar dos años preso, fue absuelto. La carátula que albergaba la causa en la que se contaba el destino de Ezequiel y Jonathan no aludía a dos jóvenes muertos, sino a un robo. Y como eso era lo más importante, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 49, Facundo Cubas, ordenó rápidamente liberar al policía que supuestamente se defendió del intento de robo matando con dos balazos al primero y con otro al segundo. Un video brutal, difícil de ver, muestra al policía burlándose de los estertores de Jonathan, sentado en su auto, muriéndose. Su cadáver estuvo enterrado como NN por orden del juez Cubas y por eso su mamá no pudo encontrarlo hasta el 14 de setiembre de 2009, cuando fue a preguntar qué novedades había en la Fiscalía 44, donde había denunciado el hostigamiento de los policías de la Comisaría 52. Allí le dijeron que su hijo estaba fallecido, y la mandaron al Juzgado de Instrucción 49, en donde le escribieron en un papelito verde: “Morgue Judicial. Junín 760 cadaver nº 1563/09 (Jonathan Ezequiel Lezcano) cadáver nº 1562/09 (Nelson Ezequiel Blanco)”. En la morgue, un empleado leyó el nombre de Jonathan en el papelito y dijo: “No, no, a éste ya lo enterramos el viernes como NN, el otro está a punto de salir”.
Pasaron varios años desde la desaparición de Luciano y el asesinato de Jonathan y Ezequiel. Pasaron otros adolescentes con nombres parecidos. Recordé esos casos y esas módicas ayudas que pudimos ofrecer los manoizquierdas del Estado, mientras leía acerca de las sucesivas y valientes acciones del defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axat, denunciando el asesinato de siete adolescentes en el lapso de un año, en el marco de procedimientos similares. Axat —que tiene a su madre y su padre desaparecidos por la última dictadura— llamó a esa masacre “Prácticas de eliminación social de jóvenes prontuariados : siete homicidios de niños de entre 11 y 17 años: Maximiliano De León, de 14 años, el 1 de agosto de 2012; Franco Quintana, de 16 años, el 27 de diciembre de 2012; Lucero Axel, de 16 años, el 27 de febrero de 2013; Rodrigo Simonetti, de 11 años, el 6 de junio de 2012; Omar Cigarán, de 17 años, el 14 de febrero de 2013; Sebastián Nicora, de 16 años, el 18 de febrero de 2013; Bladimir Garay de 16 años, el 19 de mayo de 2013. Los manoizquierdas, a pesar de las derrotas, siguen batallando, para que los lucianos, jonathans, maxis, francos y sebastianes puedan evitar recorridos que terminan en la muerte lenta del encierro o en la inmediata de la bala policial.
*Abogada especializada en derechos de las personas privadas de su libertad; referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.
(1)Pierre Bourdieu, Contrafuegos, Barcelona, Anagrama, 2000, págs. 12 y 13.
(2)Loïc Wacquant, Castigar a los pobres, el gobierno neoliberal de la inseguridad social, México, Gedisa, 2009, págs. 45 y ss.
(3)Estadísticas del Servicio Penitenciario nacional.
(4)Artículos periodísticos varios en donde se rescata la frase de Videla, registrada en video.
(5)Los fragmentos citados corresponden a una colaboración titulada “La libretita de Jonathan”, publicada en la Agencia Pelota de Trapo.
(6)Código Penal de la Nación.
(7)Informe sobre Luciano Arruga elaborado por la autora en febrero de 2009, para el Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad.
Fuente: NAN #13 (2013). Conseguila en nuestra Tienda Virtual.
