Por Nahuel Lag
Fotografía Anita Pouchard Serra
“Los funcionarios no serán quienes impulsen la solución a este conflicto.” Camilo se lo anticipó a NaN en marzo de 2012. Es enero. Desde Callao, la térmica de 33° te pega la remera a la espalda en sólo tres cuadras. El tráfico está de vacaciones y quizá por eso no son tantas las puteadas —nada de aguantar el grito hasta leer el volante— sobre el grupo de clowns, jóvenes trasvestidos o de torso desnudo, pibas de pollera, musculosa, maquillaje y nariz de payaso, que los hacen desviar por Montevideo.
A 80 metros de allí, casi al frente del Centro Cultural General San Martín (CCGSM), los manifestantes rodean a un androide de cara de parlantes y pectorales de vinilo con un grito al unísono: “Si vacaciones se quieren tomar/ si el centro quieren cerrar/ si los patovas se piensan quedar/ ¡la sala no va a descansar!”. El mensaje va para el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, y la directora del CCGSM, Gabriela Ricardes. Los jóvenes artistas denuncian: “Hay compañeros encerrados resistiendo el desalojo”.
“Sin luz, sin comida, sin salida”, agregan los “presos culturales” desde una bandera que cuelga de una ventana del sexto piso del edificio del CCGSM, donde funciona la Sala Alberdi. Ya van ocho días. El 2 de enero Ricardes había decidido cerrar el centro “por vacaciones” hasta el 10 de febrero. Estilo PRO: rejas cerradas para impedir el acceso a la plaza seca, antesala del acceso al edificio desde la calle Sarmiento.
En el monstruo de cemento que se levanta detrás de Corrientes sólo quedó personal de seguridad privada contratado por el gobierno porteño e integrantes de la Toma y Autogestión de la Sala Alberdi. El 4 de enero había tres carpas sobre la vereda de Sarmiento. Luego de un festival en repudio al cierre del espacio al que convocaron los pibes en lucha a través de Facebook, fueron decenas. Cantaron, bailaron y luego forzaron las rejas. El personal de seguridad retrocedió hasta el edificio y trabó las puertas vidriadas; diez integrantes de la toma que cantaban desde el otro lado del enrejado público subieron rápido hasta la sala. Desde ese día, las puertas del CCGSM fueron un muro entre los que aguantan arriba y los que denuncian desde el “acampe cultural de resistencia” de la plaza seca.
Dos escalones abajo, las tiendas se acomodan por todo el hall al aire libre que introduce al edificio desde Sarmiento. En mayo de 2005, un matutino publicó que, como parte de un proyecto de reconversión del CCGSM, la sala se convertiría en estudios de televisión. Un año después llegó el primer pedido de desalojo para la cooperadora que gestionaba el espacio. Padres, estudiantes y docentes exigieron explicaciones y un futuro donde seguir con las actividades culturales “a la gorra”, ofrecidas desde 1967. Sin respuesta, en 2007 la jueza Fabiana Schafrik aceptó un amparo a favor del grupo amigo de la sala. Un año después, el Ministerio Público exhortó al Ejecutivo a presentar un espacio alternativo. Lombardi, ya como ministro del PRO, informó el traslado de la Alberdi de forma “permanente”. En 2009, Marcelo Birman, director general de Enseñanza Artística, cerró los talleres y traspasó los cursos. “En caso de vaciamiento, tome una sala”, propusieron los más jóvenes del grupo en agosto de 2010. Reconocidos como tutores por la jueza, comenzaron la autogestión y la actividad gratuita volvió a la sala como en los viejos tiempos. Hasta el 2 de enero.
Ya van 14 días. Seis pisos por escalera o ascensor y unos pocos pasos a la izquierda. Otra puerta de vidrio, un hall y la sala de 250 butacas. En un cuarto contiguo hay una cocina, una mesa, una heladera y las ventanas. Como baño, un tacho al que los encerrados le cambian las bolsas de residuo. La comida y el agua llegan a través de una canasta que atada una soga sube y baja hasta el acampe. La salida no está cerrada, pero al otro lado del pasillo espera el personal de seguridad. Saben que si salen no podrán volver.
—Si quieren seguir acampando, háganlo. Pongan 500 carpas. El centro cultural no va a abrir hasta el 10 de febrero—, respondió Lombardi a los voceros de la sala, luego de una movilización a su despacho.
Adentro de las carpas del acampe no hay más que aislantes y bolsas de dormir. Afuera de los “iglúes” o las “canadienses”, todo. En el inmenso loft que es esa plaza, dos metros sobre el nivel de la calle Sarmiento, se realizan charlas, clases de tango, de historietas, de música, actúa el Payaso Nano, marca registrada del VOTSA (Varieté Oficial de la Toma de la Sala Alberdi). Así cada tarde, cada noche.
Desde arriba escuchan los murmullos de las actividades. Cuando no hay charlas o festivales, la radio abierta de la plaza musicaliza o hace de altoparlante: “Chicos, en media hora empezamos la asamblea”. Santiago es uno de los que se suma a esa ronda de decisión, “órgano máximo del acampe”, y lo hace desde hace un año y medio, cuando era los lunes a las 20 en la sala. Allí se decide la vida interna y externa de la movida, se ponen al tanto de lo hecho por las comisiones de seguridad, programación, limpieza, prensa. Se miran y escuchan: estudiantes y artistas, pero también libertarios y jóvenes sin experiencia política, amigos y gente que vive en la calle.
“Acá se viene a laburar, no a mantenerle la vida a alguien. A partir de esa ética nos relacionamos. Tenés la libertad de acercarte, pero vamos a discutir y aprender a organizarnos”, explica el espíritu el joven realizador audiovisual. A pocos metros un cartel reza: “Lavar los platos/Orden/ Amor”. Un afiche inmenso cuelga del techo con el “Acuerdo General del Acampe”. “Respetar la hora de descanso”, “nada de estupefacientes que afecten los niveles de conciencia”, advierte. Santiago llegó al acampe a las 20, después de laburar desde las 10 en Palermo. Se acostó a las 2, tras las actividades del espacio. Son las 5. Durmió tres horas. “Cuando los porteros baldean, nosotros también. Dejamos el espacio listo para cuando se reanudan las actividades”.
De a poco los vecinos se olvidan del “son todos hippies” y acercan aliento y facturas para el desayuno. “Este Gobierno le habla a un vecino abstracto y no genera espacios para el encuentro. Hablan de ‘gestión’… No me gestiones lo público ‘para el vecino’. Abrímelo, dejá que nos organicemos y que sea de todos para expresar libremente la cultura popular y acceder a ella sin necesidad de pagar”, sostiene.
La amenaza estaba latente desde el principio. Van 30 días y el diario La Nación publica que el fiscal Ivan Coleff elevó una orden de desalojo por la “usurpación” de la plaza. No dio instancia de mediación. Mientras abajo se alarman, seis pisos arriba usan medio balde de agua por persona para bañarse. Alcanza sólo para la cabeza y los genitales (el resto lo solucionan con toallitas húmedas). Los recipientes se llenan gota a gota gracias a la manguera que sale del aire acondicionado del hall. La asamblea reacciona ante la supuesta orden del fiscal y emite por Facebook —que superará los 10 mil seguidores con el correr de los días— un “alerta naranja”. Piden a los medios que se acerquen a las 20 para una conferencia de prensa. No van a estar a esa hora, sino más tarde, a la espera de los palos. Media hora antes cruzan ¡un camión! en Corrientes, cargado con el equipo de sonido de la radio para anunciar la “vigilia permanente antirrepresiva”. “La toma no es para garantizar un derecho individual, sino actividades culturales de acceso público”, quieren explicar, pero los bocinazos los corren en cinco minutos. De inmediato llegará la Federal.
Sobre las rejas reabiertas se acumulan maderas —para encender el fuego de la comida— y un poco más atrás temperas, pinceles, cartones, papeles: arsenal creativo. Al otro lado, un enjambre de bicicletas y guitarras criollas. Al nivel de la calle está la cocina: parrilla, ollas, cucharones, tachos. Las marchas van y vienen al Ministerio y al juzgado N°5 sin más banderas que la de la Sala Alberdi. La asamblea decidió hace tiempo “no bancarse la presión de los aparatos partidarios, que vienen a imponer su línea y no les importa debatir”.
“La Sala Alberdi está aguantando/ Sin subsidio, sin patrón, con toma y autogestión/ Y cuando quieran desalojarla tomaremos el Colón.” Laura marcha, y canta uno de los temas del cancionero que escribió en los días de encierro. “Siempre las mismas caras, el mismo espacio. Perdés la noción del tiempo y te empieza a poner un poco loco. Cuesta. A la noche hay que hacer vigilia, los patovas están siempre al otro lado de la puerta”, recuerda. Suena el trip-trip del handy, arriba se asoman a la ventana, saludan. Baja la canasta. Sube.
A fin de diciembre, la jueza había cambiado de opinión, la asamblea ya no era tutora del espacio y debía mudarse. Soledad acompañó a la magistrada a la inspección ocular pedida por los abogados del grupo para mostrar por qué rechazan el único espacio ofrecido por el gobierno porteño: en Chacarita, lejos del centro, parte de un edificio con perímetro enrejado, sin butacas. Es más chico y ya alberga la carrera de escenografía de la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático). La jueza sostiene la decisión.
Macarena se ajustó la nariz roja sobre la propia. Se ató las manos con cintas amarillas en las que se leía: “GCBA”. Es una “presa cultural” en la puerta del CCGSM sobre la luminosa entrada por Corrientes, en donde sí reanudaron las actividades. Buscan una respuesta distinta de Lombardi y Ricardes o, al menos, escracharlos en público.
—Teníamos 20 talleres preparados para todo el verano y nos lo sacaste—, le lanzan a Ricardes, que camina por el hall del espacio.
—¿Qué va a pasar con la sala cuando nos saquen?—, insisten.
Segundos de silencio.
—No se discute en este ámbito. Hay una causa judicial. No tenemos nada más que hablar—, revela Ricardes, mientras personal de seguridad privada empieza a empujar a los jóvenes.
—¿Hasta cuándo va a estar cerrado el centro cultural?—, preguntan.
—Hasta que yo lo decida—, apura la funcionaria, y se corrige: —Hasta que la Justicia lo decida. Hasta que se pueda garantizar la seguridad de los ver-da-de-ros trabajadores del centro—. Los asambleístas golpean las puertas de vidrio. Ricardes suelta un “salgan de acá” y luego un memorable: “No todos los talleres tienen que ser de todos”.
Pasó el 10 de febrero. Las puertas no abrieron. El gobierno porteño insiste en que no lo hará hasta que el acampe no se levante y quienes sostuvieron la sala durante dos años y medio se muden al lugar que rechazan. Terminarán las audiencias. Habrá reuniones informales sin nuevas propuestas. De parte del gobierno. “Juegan al desgaste. Esperamos el desalojo”, dicen entre las carpas. Van 40, 50 días de conflicto.
“¿De qué vale esta experiencia si no es para repensar las formas de organización, la posibilidad de autogestionarnos? Saber que podemos elegir cómo queremos vivir, cómo queremos generar nuestros medios de producción y ser actores de nuestra realidad. Desde que la sala está tomada, el espacio está abierto y aquellas personas que nos tildan de okupas pueden venir y participar de la asamblea”, exige Laura, sentada de espaldas al muro que la separa de la sala.
*El artículo integra la edición numero 11 de Revista NaN, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2013. Se trata de una publicación producida por el mismo colectivo de periodistas, fotógrafos y diseñadores que sostiene esta agencia. Aquí podrás leer la nota tal cual salió en papel.
