Por Ailín Bullentini.
Fotografía Página/12.
Buenos Aires, agosto 31 (Agencia NAN).‑ El pasado 19 de agosto comenzó el juicio que definirá quiénes son los responsables de los 194 muertos y cientos de heridos del incendio de República Cromañón, la ex bailanta de Once devenida en local de recitales de rock, a cargo de Omar Chabán. La Justicia deberá definir, además, qué penas deberán cumplir los catorce acusados que ocupan el banquillo. Ese donde no están ni el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra –destituido por el hecho– ni la o las personas que encendieron y sostuvieron la bengala de donde salió la chispa que inició el fuego, el horror y la muerte, y que puso en evidencia una serie de irregularidades en el accionar de los controladores municipales, la policía federal y el cuerpo de bomberos porteño.
Los hechos
Hace tres años y ocho meses, una noche antes de que 2004 tocara su fin, una bengala encendida desde el público que colmaba Cromañón hasta rebalsar para presenciar el último recital del año del Callejeros –que cerraba el año más exitoso de su carrera– hizo combustión con materiales inflamables que cubrían el techo del lugar. Eso provocó un incendio. Según los testigos, había más de cinco mil personas en el local. Según el número oficial, fallecieron 194, pero muchas otras, que no forman parte de ninguna nomenclatura, sufrieron secuelas con las que aún cargan, experimentando una suerte de “malvinización”, según documentó hace algunos meses el Suplemento No del diario Página/12.
Hoy, la Justicia juzga a los presuntos responsables del hecho, entre ellos al productor cultural y empresario que gerenciaba el local incendiado, Omar Chabán, también dueño de Cemento; a su mano derecha, Raúl Villarreal; a todos los integrantes de la banda Callejeros; a dos policías y a tres ex funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 24 (integrado por Cecilia Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero) y comenzó hace ya dos semanas, en el mismo recinto que fue testigo del juicio a las Juntas, principales responsables de la última dictadura.
Por la complejidad del caso, y la cantidad de querellas –cuatro en total, que se suman a las acusaciones de la Fiscalía– y testigos –más de 300–, los cálculos suponen que los veredictos recién se conocerán durante los primeros meses del año próximo, cuando las zapatillas que cuelgan de los cables de electricidad de Plaza Miserere ya hayan cumplido cuatro años sin seguir andando.
Los imputados
La causa Cromañón tiene catorce imputados. Chabán, procesado por “estrago doloso seguido de muerte” (con una pena de entre ocho y veinte años de prisión) y por “cohecho activo” (de uno a seis); su ex mano derecha, Raúl Villarreal, es considerado “partícipe necesario de estrago doloso seguido de muerte” (entre cuatro y catorce años) y de “cohecho activo” (de uno a seis). En tanto, Callejeros y su ex manager Diego Argañaraz fueron procesados como “partícipes necesarios de estrago doloso seguido de muerte” (con penas de ocho a veinte años) y por “cohecho activo”, también como “partícipes necesarios” (entre seis meses y cuatro años).
En cuanto a los policías, al ex subcomisario 7ª Carlos Díaz se lo considera responsable de “estrago doloso seguido de muerte” y por “cohecho activo” (penas iguales a las de Chabán), mientras que el ex comisario Miguel Ángel Belay fue procesado por “cohecho pasivo” (entre seis meses y un año). Los tres ex funcionarios del gobierno porteño fueron procesados por el mismo cargo: “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de Fabiana Fizbin, ex subsecretaria de Control Comunal; Ana María Fernández, ex directora adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control; y Gustavo Torres, ex responsable de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Los reclamos
Después de la tragedia, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes iniciaron un proceso de división que, si bien no se condice con la unidad que demuestran en la lucha cotidiana, culminó con la llegada al inicio del juicio. Básicamente, están agrupados en cuatro querellas diferentes, con pocos puntos de distanciamiento unos de otros. Pocas son los puntos que distancian a unas de otras, aunque a simple vista el que sobresale es la acusación o no al grupo liderado por Patricio “Pato” Santos Fontanet. Incluso, hay tres padres que se separaron de todas las querellas y no participan del juicio.
Para los familiares encabezados por el abogado José Iglesias –padre de Pedro, que murió dentro de República Cromañón–, Callejeros, Chabán y Villarreal son “culpables de homicidio simple y de cohecho activo”. Esta podría decirse que es la querella principal. Se debe aclarar que a todos los imputados por “cohecho” se los vincula con una coima para que el lugar permaneciera abierto, aún cuando no cumplía las condiciones de seguridad necesarias para funcionar desde hacía mucho antes que aquella noche fatídica. Al ex subcomisario Díaz también se le adjudica ese delito, en tanto que al ex comisario Belay sólo se le imputa el cargo de “cohecho pasivo” y a los ex representantes del gobierno porteño Fabiana Fizbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres el de “incumplimiento del deber de funcionario público”. Por el mismo delito los acusa a los ex funcionarios la querella encabezada por Patricio Poplavsky, en tanto que a todos los demás los señala como acusados de “estrago doloso”.
Ahora bien, existen otros grupos acusadores que no imputaron delito alguno a la banda ni a su ex manager, Diego Argañaraz. Si bien la querella a cargo de Mauricio Castro acusa de “homicidio simple” a Chabán y Díaz, a Belay por “cohecho” y por “homicidio culposo” a los funcionarios municipales, el grupo representado por María del Carmen Verdú no acusó a los policías pero sí a Chabán, Villarreal y a los ex empleados de gobierno por “homicidio simple”.
Y el equipo de fiscales que interviene en el juicio, liderado por Jorge López Lecube, acusa a Chabán, Villareal, Callejeros y Díaz de “estrago doloso seguido de muerte” y “cohecho”, y a ex funcionarios porteños de “incumplimiento” de sus deberes.
